Listas abiertas frente a listas cerradas y bloqueadas


El sistema electoral español diseñado en 1977 se concibió para primar a los partidos políticos, tan débiles en aquel momento (recién nacidos algunos, otros recién renacidos tras los largos años de la dictadura). Quizá entonces fuera conveniente, y puede que hasta necesario, dar tanto poder a los partidos. Pero con el paso del tiempo eso ha tenido efectos muy perniciosos, y ya va siendo hora de cambiarlo.

En España, los partidos se presentan a las elecciones al Congreso de los Diputados, y también a las autonómicas y municipales, con listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que el elector debe votar la lista completa de candidatos presentada por un partido, en la cual cada candidato ocupa un lugar establecido por el propio partido que no puede alterarse. Es decir, el votante elige partidos, nunca personas.

Eso hace que tantas veces hayamos tenido que votar tapándonos las narices, porque las listas del partido cuya ideología o cuyo programa más nos convencía en ese momento incluían conocidos ineptos o incluso corruptos. A los partidos les basta con poner un cabeza de lista más o menos presentable: esa será la imagen del cartel. Luego, la lista puede ser completada con personajes que a los dirigentes de turno les interese colocar ahí por la razón que sea. Y una de las razones más plausibles es que se trate de gente que vaya a decir amén a todo y no les dé problemas. Cuanto más dócil con el partido y menos crítico sea uno, más posibilidades tendrá de ir en las listas. Y difícilmente será incluido en ellas alguien que tenga ideas propias y que, al no ocultar ningún cadáver en el armario, pueda ser difícil de silenciar si decide expresarlas. Teniendo eso en cuenta es fácil explicarse el penoso nivel de nuestros parlamentarios y la creciente indignación ciudadana con “los políticos”.

Los partidos hacen declaraciones prometiendo que van a luchar contra la corrupción, que van a separar a los corruptos de sus cargos públicos, etc. Pero luego siempre buscan alguna excusa para no hacerlo: que si la presunción de inocencia por aquí, que si a este “compañero” no se le ha imputado ningún delito concreto por allá, que si ya le pedirán su escaño cuando se le abra juicio oral… Incluso presentan listas electorales que incluyen imputados, lo que resulta francamente desmoralizador para el electorado y contribuye al desprestigio de “la política”. Es evidente que los partidos no van a solucionar este problema por propia iniciativa. Si estuvieran dispuestos a hacerlo lo habrían hecho ya, porque el tema no es nuevo precisamente.

Si el actual sistema electoral está en el origen de este desastre, es obvio que debe cambiarse. Hay que abrir las listas, para que los ciudadanos podamos votar a las personas que consideremos capaces y honradas, y nunca a incapaces o corruptos.

Se dice que las listas abiertas tienen muchos inconvenientes. Y, en efecto, algunos sistemas pueden llegar a ser muy complicados. Pero no es necesario optar por un sistema complicado, puede elegirse uno sencillo y eficaz. Simplemente con que se abrieran las listas, permitiendo que los votantes tacharan algunos nombres en la papeleta de su partido preferido antes de introducirla en la urna, podrían arreglarse muchas cosas. Los ciudadanos tendríamos en nuestras manos la posibilidad de impedir la entrada de corruptos y de conocidos ineptos en parlamentos y corporaciones locales. Bastaría con que tacháramos sus nombres en la papeleta. Y, sabiendo que los votantes (muchos votantes, al menos) íbamos a comprobar quiénes son los integrantes de la lista, cosa que ahora la mayoría no hace porque carece de utilidad práctica, los partidos se verían compelidos a ser un poco más exigentes al seleccionar a sus candidatos.

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